A veces nos sorprenden estos concejales. No por su vasto conocimiento. No por su constante preocupación por la situación sanitaria, edilicia o de seguridad. Mucho menos por su compromiso por la verdad y la justicia. Nos sorprende por su desconocimiento de temas que hacen a la vida cotidiana de nuestros habitantes. El último descubrimiento de estos levanta manos profesionales fue la existencia de una delegación del Patronato de Liberados en el distrito. Curiosamente, ignoraron una extensa nota aparecida en nuestro medio, denunciando la situación de abandono del espacio, dentro de la Sociedad de Fomento, Otamendi, presidida por Rosa Parada, con paredes electrificadas, espacios reducidos para la atención de cientos y, hasta miles de convictos liberados que pasaban por el lugar, situaciones de peligro de vida, intentos de violación contra las asistentes y profesionales del Patronato. Nota que derivó en el inmediato traslado de las trabajadoras a otro edificio, ubicado en la calle Quintana al 200 en Lanús oeste, hace, al menos, cuatro meses. Otra curiosidad es que se firmó el convenio entre la municipalidad que, desde ese momento, se hizo cargo del costo del alquiler (Unos 54.000 pesos por 36 meses de contrato) y el Patronato, sin que nadie se enterara del hecho. Hoy sale a la luz porque la municipalidad necesita legalizar el tema y les pide a los concejales (invitados de piedra en las decisiones ejecutivas) que apruebe el convenio, cosa que ocurrirá ya que el oficialismo tiene el control de la comisión de Gobierno y de la de Hacienda y si no cuenta con el número de votos, recurrirá a la chequera, como es de público conocimiento, gracias a los deslices de los funcionarios.
El convenio es copia fiel del que firmara Quindimil en 2006, salvo que, en aquella ocasión, el alquiler lo pagaba la provincia y ahora, la municipalidad, también designa a un delegado para colaborar en el seguimiento de los liberados.
Aclaremos dijo el lechero
Martín Sosa, cansado de los desmanes del periodista Gerardo Macielo, lo invitó a participar de una reunión a la que había sido invitada la titular de la delegación del Patronato, para que aclare por que los denuncia de votar con el oficialismo y fomentar la instalación del Patronato en una calle céntrica, cuestión que, según cierta prensa, desvalorizaría las propiedades por la concurrencia de presos liberados aún con causas graves como homicidios y violaciones, por el barrio. La mujer no asistió, ni lo hizo Macielo que patalea, pero no da la cara como suele hacerlo siempre, cobijado en la comodidad de un micrófono lejano e impersonal (Un cagón, bah). Quedaron cuestiones que, el Dr. Gastón Fernández, Secretario del Juzgado de Ejecución de Lomas de Zamora, trató de zanjar, como el número de liberados asistidos que llegaría a los mil cien, aclarando que la preocupación de la justicia es la reinserción de estas personas en el ámbito laboral, sin dejar de informar que “Ya no los reciben en los hospitales por los continuos robos de insumos”. Al respecto, el convenio, tal como lo especificaba el de Quindimil, asegura la incorporación de los liberados en áreas municipales, cuestión que, durante el gobierno de Manolo, nunca se produjo. Una lectura audaz, da cuenta de una decisión de Darío que cede en esta cuestión para tratar de acceder al dinero de seguridad que perdió por gastarse la partida en cuestiones ajenas a la seguridad, aunque nada indica que piense en cumplir con esta normativa. Otra cuestión, fue la invitación del periodista y dirigente barrial, Abel Madaria, quien se trenzó en una discusión con el concejal del FpV, Jorge Montero, quien lo tildó de “facho” por oponerse a la contratación de los liberados y su tránsito por esa zona. Madaria aclaró que conoce la situación del Patronato, su antigua ubicación y exime la condición de los remiseros que, para acceder a esa fuente de trabajo, “Tienen que presentar un certificado de buena conducta”, aduciendo que, “Si no pueden controlar a un empleado que trató de suicidarse porque ignoraron su necesidad de cobro de haberes, ¿Cómo van a controlar a personas con condenas en suspenso y autores de delitos graves?” y finalizó: “No se si el municipio, se tiene que hacer cargo o si está en condiciones de hacerse cargo”, dejando una estela de dudas sobre el tema.
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